El estudio de los derechos sociales constituye todavía un desafío pendiente especialmente para la dogmática de los derechos fundamentales, sobre todo en relación con su eficacia y realización. La calificación de tales derechos como “sociales” (“programas”) ha significado, más que su consideración como materializaciones concretas de la justicia social —valor fundamental del Estado constitucional prestacional—, un detrimento a su eficacia. Por esa razón, es imprescindible reflexionar en torno a si el tratamiento de los derechos sociales puede ser acometido con los enfoques y propuestas desarrollados hasta ahora por la dogmática específicamente para los derechos fundamentales clásicos. Esta tarea no está asignada a los tribunales, sino a la ciencia del Derecho constitucional que no puede renunciar a su tarea de formular instrumentos teórico-prácticos para los grandes desafíos derivados de un Estado sobreexigido por demandas sociales justas y de una sociedad que se mueve entre la extrema riqueza de pocos y la extrema pobreza de muchos.
