La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274442, y la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley Nº 275843, fueron introducidas en el ordenamiento jurídico peruano a principios del milenio, bajo la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993. Es innegable que dichos cuerpos normativos son hitos que marcaron un antes y un después en el desarrollo del Derecho Administrativo, en especial, respecto de la comprensión de la relación jurídica asimétrica entre Administración y ciudadano, en el universo de las diversas actuaciones de las entidades públicas a través de los procedimientos administrativos bajo el imperio del principio de legalidad y el respeto a la supremacía de la Constitución.
Destacados juristas especializados analizan los efectos de ambas leyes tras 20 años de vigencia y aplicación.
